El Juzgado avala el procedimiento seguido para legalizar el complejo Atrium Beach y rechaza la petición de demoler apartamentos por parte de Iniciativa Independiente
Exigía la demolición parcial de las torres de apartamentos, y además de no haberlo conseguido ha sido condenado a pagar las costas del proceso judicial. El concejal del Ayuntamiento de La Vila Joiosa por Iniciativa Independiente, Pedro Lloret Llinares, ha sufrido una nueva derrota judicial en su particular y delirante cruzada contra la promotora del complejo turístico más innovador de la costa alicantina y el Ayuntamiento vilero: el Atrium Beach.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, falló el pasado 18 de mayo que el procedimiento seguido para la legalización del complejo (la elaboración de un plan de Reforma Interior y Mejora, PRIM) se ajusta plenamente a derecho y a las competencias que tienen las administraciones públicas para el restablecimiento de la legalidad urbanística. El magistrado rechaza las pretensiones del edil, que actuaba contra el Ayuntamiento, contra la promotora y, expresamente, según consta en los antecedentes de hecho, contra los actuales propietarios de las torres de apartamentos.
El fallo establece que el restablecimiento de la legalidad urbanística no puede entenderse, como pretendía Lloret, "como excluyente de cualquier otra solución ajustada a Derecho", y recuerda que la jurisprudencia ha admitido la legalización como alternativa a la demolición, además de que la propia legislación urbanística valenciana prevé expresamente la modificación del planeamiento para legalizar actuaciones irregulares "(…)y concretamente que la actuación tenga por finalidad la satisfacción de intereses generales".
Además de reconocer que el Ayuntamiento actuó adecuadamente con la tramitación del PRIM ratificado por la Conselleria de Territorio y Vivienda, el magistrado matiza que dicho instrumento de planeamiento "ha de considerarse que es suficiente para dar respuesta a la situación urbanística".
En sus fundamentos de derecho, la sentencia especifica que "no sería coherente" excluir de plano la legalización de las obras cuando se ha tramitado y concluido una modificación del planeamiento que contempla la legalización parcial de lo construido, al tiempo que satisface los intereses generales con le cesión de terrenos para dotaciones de carácter público. Finalizados esos trámites, el magistrado considera improcedente la pretensión del concejal independiente.
Con respecto a la pretensión de Pedro Lloret de separar hotel de las torres de apartamentos para arremeter judicialmente contra ellas en un desesperado intento de demoler propiedades privadas, el juzgado sostiene que el expediente de legalización incluye la totalidad de las obras, y recuerda que ese es un dato conocido por el demandante, que "en su condición de concejal del Ayuntamiento demandado, estuvo presente y votó" en contra del PRIM.
"…las pretensiones de la parte recurrente carecen de un mínimo respaldo probatorio que permita poner en cuestión la legalidad de la actuación administrativa", finaliza la sentencia, antes de emitir el fallo, que desestima el contencioso y condena a Pedro Lloret Llinares al pago de las costas del proceso judicial.
SEGURIDAD PARA LOS PROPIETARIOS
Al margen del resultado del proceso judicial en sí, que de nuevo respalda las tesis del complejo Atrium Beach, la promotora se declara especialmente satisfecha porque definitivamente se consigue, también por vía judicial, que el caso no afecte lo más mínimo a los propietarios de apartamentos.
La sentencia aporta tranquilidad a promotor y propietarios, dado que de haber salido adelante la solicitud del concejal Pedro Lloret se hubieran encontrado con un negro horizonte que incluía la demolición parcial de sus propiedades.
Por eso, no se entiende que parte de los propietarios se dejen llevar y caminen de la mano del concejal independiente. Como queda claro en la sentencia, ellos mismos eran objeto de las iras del edil, que pedía la demolición de sus apartamentos.
Los responsables de Atrium Beach entienden que la postura de Lloret atentaba contra el sentido de justicia de los propietarios de los apartamentos adquiridos en el complejo. La mercantil considera que el concejal vilero trata de confundir a los vecinos y a los propietarios de los apartamentos, haciéndoles creer que les apoya cuando en realidad actúa contra ellos.
La demanda presentada por el edil de Iniciativa Independiente reclama al juzgado la demolición de más de 6.000 metros cuadrados de las torres de apartamentos, superficie que considerabaexcedía la normativa urbanística.
Independientemente de este proceso, la promotora recuerda que en el mes de agosto de 2005 se ratificó por escrito en su ofrecimiento de defensa legal a todos los propietarios, y que no permitiría la demolición de un centímetro de sus propiedades, dado que no existe exceso en la edificación en ninguna de sus cuatro torres, que se ajustan a lo estipulado en las licencias concedidas en su día, y ahora más, avaladas por los tribunales.
